Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

Con unas 100 embarcaciones y 1000 participantes será la más grande de la historia

14/4/2026. El pasado domingo 12 de abril partió del puerto de Moll de la Fusta en Barcelona, estado español, una nueva Flotilla Global Sumud, la cual se dirige hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria con el objetivo de romper el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino.

De Barcelona partieron 40 embarcaciones con casi 300 activistas provenientes de más de 35 países, entre los que se encuentra una importante delegación de médicos, profesionales de la salud y educadores. En esta oportunidad, un convoy por tierra acompañará a las embarcaciones que desde distintos puntos surcarán el mar Mediterráneo. El mismo recorrerá el norte de África con el objetivo de abrir el paso de Rafah, que aún permanece cerrado por Israel, impidiendo el ingreso de la ayuda humanitaria.

Los barcos que salieron el domingo del puerto de Moll de la Fusta, son apenas una primera avanzada de la Flotilla, la cual pretende ser la misión humanitaria más grande de la historia con rumbo a Gaza. El objetivo es completar un total de 100 embarcaciones y más de 1000 participantes de 70 países.

Está previsto que las embarcaciones que salieron de Barcelona pasen por Italia, Grecia y Turquía, donde se sumarán más embarcaciones, incluyendo una veintena de barcos del colectivo Thousand Madleens, que ya partieron el pasado 4 de abril del puerto de Marsella en Francia.

La Flotilla ya navega en aguas del Mediterráneo en momentos de gran tensión en el medio oriente producto de la agresión yanki-israelí contra Irán, y en medio de un frágil cese al fuego. Por su parte el gobierno ultraderechista y criminal de Netanyahu continúa los bombardeos contra el Líbano, mientras avanza en la ocupación de extensas áreas del sur del país.

El falso acuerdo de paz impuesto por Trump en Gaza ha fracasado e Israel continúa sus agresiones. Desde del alto el fuego firmado en octubre del año pasado Israel ha asesinado a 750 gazatíes. La crisis humanitaria se profundiza debido a las restricciones impuestas por Israel al ingreso de alimentos, medicinas, gas y combustible. Y el ejército sionista mantiene la ocupación de gran parte del territorio de la franja.

El genocidio continúa mientras Israel recrudece la represión sobre el pueblo palestino tanto en Gaza como en los territorios ocupados de Cisjordania. El pasado 30 de marzo, el parlamento de Israel aprobó una ley que permitiría la pena de muerte y el uso de la horca sobre los presos políticos palestinos. Aun cuando los rehenes en poder de la resistencia palestina fueron liberados el año pasado, más de 9.600 presos políticos palestinos continúan en las cárceles de Israel, de ellos más de 3.500 se encuentran en detención administrativa sin cargos formales.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) participaremos en la Flotilla Global Sumud, como ya lo hicimos el año pasado, esta vez a través de Mónica Schlotthauer, diputada de la provincia de Buenos Aires de Argentina por Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria; Gökmen Duru, dirigente del Partido de la Democracia Obrera de Turquía. Y nuevamente participará el exdiputado provincial por Córdoba Ezequiel Peressini, quien ya fue parte de la misión el año pasado, siendo encarcelado en la prisión de Ketziot luego de que las embarcaciones fueran interceptadas por la marina sionista, y hoy es organizador de la delegación argentina de la Flotilla Global Sumud.

Delegación de la UIT-CI en el Muelle de la Fusta, previo que zarpe la Global Sumud. En la imágen se encuentran dirigentes de Lucha Internacionalista acompañando a los tripulantes de la UIT-CI, Ezequiel Peressini y Mónica Schlotthauer.

La UIT-CI, como parte del movimiento mundial en solidaridad con el pueblo palestino, está participando directamente en las embarcaciones y también a través de todas sus secciones en diferentes países con el objetivo de lograr la más amplia unidad de acción para reimpulsar el apoyo a Gaza y el pueblo palestino. La Flotilla puede ser una chispa que haga posible que se retome la movilización mundial a los niveles que se produjeron el año pasado, profundizando el aislamiento de Israel en todo el mundo.

Llamamos a los pueblos del mundo, a las organizaciones sindicales, populares, al movimiento estudiantil, ambiental, de mujeres y disidencias y a todas aquellas que se reivindiquen democráticas, a dar todo su apoyo a la Flotilla Global Sumud que es expresión de la solidaridad de los pueblos del mundo con Gaza y toda Palestina.

Luchemos contra el genocidio de Netanyahu e Israel y para profundizar la solidaridad internacional por la libertad de las y los presos políticos, para repudiar el plan de nuevas colonias en Cisjordania y conquistar la urgente entrada de ayuda humanitaria y la apertura del paso de Rafah.

¡Por el retiro inmediato de todas las tropas israelíes de Gaza, Cisjordania, Siria y el Líbano! ¡Basta de agresión imperialista y sionista contra Irán! ¡Rechazamos la limpieza étnica en Palestina y los planes de Trump y Netanyahu de convertir a Gaza en un resort para los millonarios del mundo! ¡Basta del apartheid sionista! ¡Por una Palestina única, laica, democrática y no racista! ¡Palestina libre del río al mar!

Las y los trabajadores de FATE continúan llevando adelante una lucha permanente contra el cierre de la empresa, que dejó a más de 920 trabajadores en la calle.

Una delegación de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) encabezada por Enrique Gómez, del Movimiento al Socialismo de México y Nuno Geraldes, de Trabajadores Unidos (TU) de Portugal se hicieron presente en la toma de FATE para expresar su apoyo a la lucha y se comprometieron a difundir la misma en el plano internacional.

Las y los trabajadores de FATE no están dispuestos a bajar los brazos y continúan luchando en busca de una solución. El Sutna acaba de presentar una propuesta a todos los bloques de la Legislatura bonaerense. Convoca a aprobar un proyecto de ley que asegure la continuidad productiva de la empresa, única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, para resguardar el transporte público y de mercaderías.

Foto de portada: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Declaración del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país. Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido. Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”. 

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:
– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!
– ¡Basta de bonificación salarial!
– Discusión de contrataciones colectivas.
– Derecho a huelga y libertad sindical.
– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.
– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!
– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

 24 de enero de 2026

Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país.

Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido (Ver nuestra declaración del 11 de enero). Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciábamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloque impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:

– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!

– ¡Basta de bonificación salarial!

– Discusión de contrataciones colectivas.

– Derecho a huelga y libertad sindical.

– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.

– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!

– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

24 de enero de 2026

Escribe Prensa UIT-CI

20/10/2025. El pasado 10 de octubre, en una sesión exprés, el Congreso de Perú aprobó por abrumadora mayoría de 122 votos a favor la vacancia de Dina Boluarte, poniendo así el fin de su gobierno. Durante los tres años de mandato de Boluarte, marcado por la represión a las movilizaciones y luchas de las y los trabajadores, la juventud y el pueblo del Perú, el Congreso fue el principal sostén – junto con la policía y las fuerzas armadas – de su gobierno. Ahora, sus fuerzas aliadas de despegan de su gobierno a seis meses de las elecciones generales, profundizando la crisis política permanente que vive el Perú. La designación del nuevo presidente, José Enrique Jerí, ha desatado una nueva ola de movilizaciones y se denuncia que Jerí sumió el mandato sin apoyo popular, ya que el llega al Congreso con solo 11.600 votos, luego de que el ex Presidente Vizcarra sea removido de su Curul y acumula denuncias por violencia sexual y enriquecimiento ilícito. La gran movilización juvenil del 15 de octubre, donde la policía asesinó al joven rapero Trvko, buscan una alternativa al sistema de hambre, explotación y represión de los gobiernos.

Conversamos con el compañero Enrique Fernández Chacón, dirigente de Uníos, sección de la UIT-CI en Perú, sobre este proceso de lucha abierto.

I – Se ha desatado en Perú una gran movilización con miles de jóvenes y sectores populares en las calles de Lima. ¿Qué se reclama?

Enrique: Para entender de dónde venimos. Dina Boluarte fue vicepresidenta de Pedro Castillo, defenestrado este por el intento de golpe. El Congreso lo echó y puso en su reemplazo a Dina Boluarte, la que también tenía antecedentes y estaba siendo investigada por el propio Congreso. Al nombrarla parece que le pusieron condiciones.

Desde mi punto de vista esta gran movilización que se ha desarrollado, protagonizada por miles y miles de jóvenes, a la que también se han sumado algunos sectores populares, es la continuidad de la lucha que fue enfrentada por el gobierno el 7 de diciembre 2023 a marzo del 2024, que fue precisamente cuando fue destituido Pedro Castillo por intento de golpe y asumió Dina Boluarte. Y desde que asumió la señora Boluarte provocó el repudio porque dijo que si acababan con Pedro Castillo ella se iba con él, y no fue así. Es más, hizo un acuerdo con el Congreso y se constituyó una santa alianza mafiosa entre todos los componentes del Congreso, con muy contadas excepciones con 4 o 5 votos contrarios de un total de 130. Esa ha sido una santa alianza, dicho sea de paso, con la ultra derecha, la “izquierda”, las distintas variantes de la burguesía que hay ahí. Lo que más llamó la atención, para los desprevenidos, que el sostén de esta santa alianza fuera la “izquierda” en el Congreso, que tenía como nunca 41 representantes de un total de 130. Esta santa alianza ha montado, con el apoyo de la presidente o la presidenta está ahí con apoyo del congreso, supeditada a todo lo que acuerde, han levantado todo un tinglado electoral para que gane las próximas elecciones con un fraude escandaloso.

Lo importante para mí es la continuidad de esa pelea, primero porque las consignas son las mismas: Que se vayan todos. Que tiene un significado muy importante en el marco de negación de todo lo existente. Es decir, no ven ninguna salida con todos los que ven hoy, con todos los partidos que ven hoy. Por eso piden que se vayan todos. Y cuando hablan de todos no solamente los que están en el congreso, sino todos los partidos patronales y reformistas que lo integran.

Además, reclaman por que caigan todas las leyes aprobadas por el corrupto Congreso, que atentan directamente a la clase trabajadora y los sectores populares, sobre todo la repudiada ley de AFP (sistema de jubilaciones privadas), donde la juventud se ve interpelada en las condiciones de su futuro.

Eso es lo que tiene la importancia hoy, que los jóvenes hayan retomado las banderas de lucha que hicieron precisamente los pueblos originarios, los campesinos y los sectores populares, fundamentalmente.

 II – ¿Cómo ves la situación? En un país con un pueblo pobre y explotado y lleno de ex presidente presos por corruptos.

Enrique: Si hay una situación muy particular. Este es un país que algunos le llaman bendecido por la mano de Dios, porque a pesar de todo lo que pasa la economía se mantiene, la moneda está estable, incluso ahora está más barato el dólar. Porque hay una informalidad en la economía que es incluso es mayor a la economía formal. Se calcula que, entre el narcotráfico y la minería ilegal, se mueven 25 o 30 mil millones de dólares al año. Y, por el contrario, está la otra cara de la moneda, una pobreza impresionante, un 80% de informalidad en el empleo. La gente que trabaja hoy para comer mañana, representa un 80%. Entre pobres y extremadamente pobres está más o menos el 50% de la población, así como el 50% de sus niños está desnutrido, con anemia en distintos grados. Entonces no condice la situación que vive el pueblo en general con el comportamiento de la economía y de los ingresos que hay en el país. Existe una minoría de capitalistas y multinacionales que se enriquecen cada día más. Eso explica porque todos los que llegan al gobierno se dedican a gobernar para esa minoría y a robar descaradamente. También explica porque hay un rechazo y cada día más fuerte haya tantos ex presidentes presos y otros haciendo cola para serlo.

 III – La represión de ayer asesinó a un joven manifestante. ¿Cuál es el papel de la juventud?

Enrique: En la movilización del miércoles 15 ha sido una movilización impresionante. Yo que tengo tantos años en esto, estoy bastante impresionado no solo por la cantidad de jóvenes que fueron, sino esas ganas de pelear que se les ve en la cara a cada uno. Se los ve con una “inocencia política” que van a llevarse, con el sacrificio que sea, todo por delante. Porque de alguna forma se puede explicar de que hay más del 60% de jóvenes que se irían del país si pudieran. Acá se los conoce mucho como los “Ní Ní”, que ni trabajan ni estudian ni tienen posibilidad de hacerlo. Entonces yo creo que los jóvenes han tenido la respuesta adecuada porque son los más perjudicados, porque yo no sé qué otra cosa puede pasar por la cabeza de un joven que no ve ninguna perspectiva. Por eso yo creo que ellos son la vanguardia de esta pelea.

Y esa rabia se radicaliza a partir del asesinato del joven Eduardo Ruiz Sáenz – conocido rapero del populoso barrio limeño de San Martín de Porres que usaba el seudónimo Trvko – cuando un policía disparo contra la movilización que ya estaba desconcentrando. La juventud todavía recuerda los asesinatos en manos de Merino y a los 60 compañeras y compañeros asesinados por Boluarte en las grandes movilizaciones de fines del 2021, apenas asumió el gobierno. Las autoridades han salido a reconocer la responsabilidad de las fuerzas represivas en el asesinato, pero no tomaron medida alguna aún, esto enciende aún más la bronca de la juventud que viene encabezando la protesta.

IV – ¿Cómo sigue la lucha? ¿Las centrales sindicales convocan, son parte del proceso?

En relación a las centrales sindicales, estas son casi inexistentes porque han mutilado el movimiento sindical en el Perú. Acá para hacer un sindicato en las fábricas, basta tener 20 afiliados, así en la fábrica haya cuatro o cinco mil trabajadores. Entonces en cada fábrica tiene como mínimo varias opciones sindicales y que por supuesto no sirven para nada ninguna. Y las centrales sindicales que precisamente acusan que el 80% no está en la formalidad, entonces están disminuidas. Y además de eso, son cuatro centrales sindicales que compiten entre ellas para ver cuál es más burócrata que la otra. Ni atraen a la gente.

Si bien es cierto que en algunas movilizaciones han ido algunos sectores del movimiento sindical que son los que tiene precisamente trabaja en el estado, en este caso los maestros que hace mucho tiempo que no salían y esta vez salieron. Se sumaron otros gremios, fraccionados, pero hay una vanguardia de los trabajadores del transporte (colectiveros) porque realmente los están matando en hechos de inseguridad. Y precisamente el congreso es repudiado porque ha votado leyes de protección para los corruptos, amarrando de pies y manos a jueces y fiscales que quieran accionar.

Entonces no hay ninguna posibilidad, ninguna perspectiva distinta en el movimiento sindical, a no ser que primero se derrote la tercerización laboral.

V – ¿Qué propuestas están levantando ustedes? ¿Quieres agregar algo más?

Enrique: Las propuestas que levantamos nosotros y hacemos nuestras, es la consigna que levantan del que se vayan todos. Y por la positiva estamos respaldando el pedido que sea reemplazado por un gobierno de los de abajo, que no esté comprometido ni en la corrupción, ni sea parte de la mafia congresal, ni que sobreexplote a los trabajadores -que es un añadido nuestro–.

La juventud movilizada si acepta de buen gusto que el reemplazo no sea alguien que esté ni en corrupción ni sea parte de las mafias que están gobernando en el Perú. Esto lo constatamos con el diálogo que tenemos con un grupo de jóvenes con los que debatimos y acompañamos a las movilizaciones. Jóvenes a los que les prestamos nuestro local para sus reuniones. Un grupo que es parte de toda esta expresión de bronca callejera que viene tomando las calles en los últimos días, y que está abierto a debatir, pero sobre todo a luchar.